La gestión de un Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, puede ubicarse ideológicamente en la izquierda, el centro o la derecha. Este posicionamiento político es una decisión de sus dirigentes, avalada por la ciudadanía a través del voto. Sin embargo, independientemente de la ideología, hay un estándar que ningún gobierno debe abandonar: la eficiencia.

 

En una publicación anterior, mencioné la posibilidad de que el frigorífico municipal sea transferido a capitales privados. Esta idea surge del hecho de que, durante su funcionamiento, la planta ha generado un déficit operativo, cuya magnitud varía según la fuente consultada. Para la gestión actual, cuya orientación ideológica es clara, la forma de revertir esta situación es otorgar la operación al sector privado. Otros podrán argumentar que es posible alcanzar la eficiencia bajo la gestión pública, pero en mi opinión, es una solución válida la participación de capitales privados o la concesión de la operación a un tercero. Esto, claro está, debe realizarse mediante un proceso transparente y público, que garantice la libre competencia de oferentes y, en última instancia, permita seleccionar mediante una licitación pública la oferta que mejor sirva a los intereses de la comunidad, siempre en pos del bien común.

 

Este escenario plantea otros interrogantes: ¿son eficientes los distintos servicios públicos que nos brinda el Estado municipal? ¿Qué sabemos sobre los costos de cada servicio? ¿Cuánto nos cuesta el barrido de calles, el corte de césped, el mantenimiento de los espacios públicos o el control del tránsito? Según información proporcionada por funcionarios locales en el Concejo Municipal, la recaudación por la tasa general de inmuebles solo ronda el 50% del total emitido. ¿Esto significa que hay un déficit del 50% en este aspecto?

 

No pretendo emitir aquí juicios de valor sobre los gastos o inversiones en áreas como el asistencialismo social, la política, el trabajo, la salud o la educación. Estas decisiones dependen del posicionamiento ideológico de cada gobierno, y en última instancia, es la población quien debe validar o rechazar estas políticas a través del voto.

 

Para cerrar, quiero reiterar la idea inicial: ya sea de izquierda, de centro o de derecha, los gobiernos —sean nacionales, provinciales o locales— no deben abandonar el estándar de la eficiencia.