Los defensores de Santa Fe, Chaco y Formosa cumplieron con el mandato de la reunión multisectorial realizada en Malabrigo, en donde se firmó un manifiesto solicitando la reparación de la Ruta 11.

El pasado 13 de mayo se realizó, a instancias de la convocatoria de los defensores de Santa Fe y el Chaco, una reunión multisectorial a la que asistieron una gran cantidad de instituciones de la sociedad civil como así también legisladores de ambas provincias, quienes presentaron petitorios con firmas de vecinos y organizaciones de las distintas localidades que reclaman la urgente repavimentación de la Ruta 11. Este jueves, en Buenos Aires, en la sede de Vialidad Nacional, cumplieron con el mandato del encuentro en Malabrigo en donde se firmó un manifiesto solicitando la reparación de la Ruta Nacional 11.

Jorge Henn, defensor del Pueblo de Santa Fe a/c, señaló que «con el cumplimiento del mandato de Malabrigo no sólo estamos reclamando la urgente reparación de la Ruta Nacional 11 en el tramo que cubre las tres provincias sino que también pedimos precisiones sobre las mejoras anunciadas oportunamente».

Pedido de reparación de la Ruta 11 en Vialidad Nacional

«Estamos aquí en la sede central de Vialidad Nacional porque no tenemos ninguna especificación sobre los anuncios recientes y queremos saber formalmente el cronograma detallado de las obras prioritarias y asegurar el mejoramiento de la infraestructura vial y seguridad de las rutas de nuestras provincias», agregó Henn.

El ombudsman santafesino estuvo acompañado por Bernardo Voloj, defensor del Pueblo del Chaco y Sylvina Portillo, la defensora adjunta de Formosa; quienes también sumaron al petitorio mejoras para las rutas nacionales 33 y 178, cuyo estado presenta un grado de deterioro similar al de la Ruta 11.

«Es urgente que se atiendan las deficiencias viales que afectan la seguridad de los usuarios de las localidades que atraviesan dichas rutas» coincidieron.

“Hundimientos, baches profundos, pavimento deteriorado a extremos sorprendentes, falta de demarcación, iluminación y nulo mantenimiento de banquinas aumenta considerablemente el riesgo de accidente viales, muchos de los cuales tienen consecuencias fatales. Por lo tanto, es de considerarse esta inacción del Estado como un acto de omisión grave frente a tal situación”, dice el documento.