Los diputados provinciales Fabián Palo Oliver, Carlos Del Frade y Claudia Balagué denunciaron penalmente al senador Orfilio Marcón, al fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez y el fiscal Aldo Gerosa en el marco de la causa por abusos que conmocionó al norte provincial.
En la presentación judicial, los legisladores también incluyeron a la psicóloga Ana Popelka, que actuó en el caso de ribetes escandalosos.
Oliver expresó a medios provinciales el convencimiento de que «hubo un entramado de protección al hoy condenado Marcelo Galaz, que tuvo como objetivo atenuar la condena del acusado. Lo que sucedió con la causa Galaz no sólo fueron acciones que constituyen prácticas mafiosas, también es la muestra de que en la justicia, hay una matriz clasista y contraria a la perspectiva de género».
En sus declaraciones, que recogió el matutino Rosario12, el legislador puntualizó que se denunciaron «distintas imputaciones que significan comisión de delitos, como abuso de autoridad, cohecho, por el intercambio de favores entre el senador Marcón y el fiscal Aldo Gerosa”.
Sin embargo le propio fiscal regional Rubén Martínez relativizó los llamados realizados por el Senador Orfilio Marcón, hombre fuerte de la política del departamento General Obligado, «No me siento presionado por un llamado de un dirigente político”, «puedo mostrar un libro de todos los políticos que me consultan por casos judiciales», expresó Martínez.
Por esto Oliver adelantó que “vamos a hacer un pedido de informes para saber quiénes son los políticos que llamaron por distintas causas. Reprochamos al naturalización de la violencia que sufrió la víctima”. Y más adelante, agregó “Hay políticos que no abren la boca frente a delitos de esta gravedad, y se produce una naturalización del silencio”.
Por último, Palo Oliver subrayó “la víctima acordó que se firme el abreviado, pero para que quede claro, no fue la víctima quien pidió el juicio abreviado, fue Gerosa, el fiscal anterior de la causa Galaz. A la víctima la acorralaron el mismo fiscal Gerosa para que se haga el acuerdo por juicio abreviado”.
La presentación judicial ampliamente documentada señala que «el caso en análisis nos muestra claramente que las conductas de distintos funcionarios han sido funcionales a la situación procesal de Marcelo Galaz al mismo tiempo que condicionaron fuertemente a la víctima para que acceda a un acuerdo de juicio abreviado. Un claro ejemplo de lo planteado es la situación de libertad de Galaz. Su resultado ha sido el producto de un claro engaño a la víctima y ha sido un condicionante para que esta última acceda al trato ofrecido. No existió mayor motivación para la víctima que su violador regrese a la prisión para ella poder sentirse más segura en su ámbito de vida. A prima facie surge evidente el incumplimiento de los funcionarios de las normas previstas en la Ley Provincial N° 14.181 que estableció los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos».
«Respecto de este punto -argumenta la denuncia- resulta necesario destacar que los funcionarios involucrados violaron las disposiciones incorporadas por la mencionada Ley al artículo 81 del Código Procesal Provincial que prevé el deber de los funcionarios y magistrados, de dirigirse a la víctima o brindar la Información en términos de claridad y comprensión en función de la condición de la misma. Nada de lo previsto normativamente ha sucedido.
Por el contrario, el proceso se ha caracterizado por el ocultamiento la manipulación y el maltrato desde los funcionarios a la víctima. Las conductas de los miembros de la Unidad Fiscal Especial en abuso sexual, violencia de género y violencia familiar de la Fiscalía Regional N° 4 deben ser investigadas».
«Así como también la actuación del Fiscal Regional Rubén Martínez -agrega el escrito- en virtud de su carácter de superior inmediato del fiscal Gerosa y de su participación directa en la causa. Asimismo, la intervención del senador Orfilio Marcón, la cual se encuentra plenamente acreditada, debe investigarse a los efectos de clarificar si la misma ha implicado un condicionamiento concreto en el resultado de la causa».
La presentación concluye reconociendo que «somos conscientes de la gravedad de la acusación, pero estamos convencidos de la existencia de un plan sistemático para garantizar la impunidad de Marcelo Galaz en perjuicio directo e inmediato de la víctima e indirectamente de todo el sistema penal de la Provincia de Santa Fe. Asimismo, sostenemos que para la concreción del mismo ha existido una participación plural de distintos funcionarios que por acción u omisión han aportado para el resultado pretendido y lamentablemente logrado».
Galaz fue condenado en un proceso abreviado a 7 años de cárcel y pagar una indemnización de 6 millones de pesos al admitir haber abusado sexualmente de su sobrina, en reiteradas ocasiones, cuando esta era una niña.
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