La auditoría del MPA apunta contra el fiscal de Reconquista Aldo Gerosa por su accionar en el caso que sigue a Marcelo Galaz, ex secretario privado del senador Scarpin, acusado de violar durante seis años a su sobrina menor de edad.

Galaz fue detenido el 21 de julio de 2021 en la Municipalidad de Avellaneda, donde trabajaba como secretario privado y hombre de confianza del entonces intendente, Dionisio Scarpin, hoy senador nacional por Juntos por el Cambio y precandidato a diputado provincial por la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe.

La detención de Galaz, quien también era dirigente de la Juventud Radical, se realizó tras ser denunciado por su sobrina, quien lo acusó de someterla a abusos sexuales durante seis años y cuando ella era menor, de los 4 a los 10 años. El imputado estuvo siete meses presos, pero después se le concedió llamativamente la prisión domiciliaria, y así sigue hasta el día de hoy mientras se desarrolla el proceso judicial.

En noviembre de 2022 debía arrancar el juicio oral y público en el que se iba a pedir 32 años de prisión para el violador, pero llamativamente se suspendió. Meses después apareció un acuerdo abreviado –allí Galaz terminó admitiendo los abusos hacia su sobrina menor de edad- que le reducía la pena al acusado a solo siete años y seis millones de pesos de indemnización a la víctima.

El mismo estaba a punto de ser homologado por el juez de la ciudad santafesina de Reconquista Santiago Banegas, pero finalmente se negó a hacerlo tras las declaraciones del procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial, Marcelo Barraguirre, quien en una entrevista en LT8 con el periodista José Maggi adelantó el 29 de abril pasado que haría una investigación sobre el proceso de esta causa ante las evidencias de que está rodeada de situaciones muy poco transparentes.

Barraguirre reaccionó así ante la difusión de un audio donde el fiscal Gerosa se refería a que el senador provincial Orfilio Marcón (Juntos por el Cambio) le pidió información sobre la causa contra Galaz y le reclamó que terminaran con la misma antes de comenzar la campaña electoral 2023, ya que había sido secretario privado de Scarpin y el caso podría perjudicarlo.

El lapidario dictamen de la auditoría

El auditor del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, realizó un lapidario dictamen sobre la actuación del fiscal Gerosa en el caso contra Galaz. Consideró que el fiscal cometió “faltas graves” y concluyó que “procede la sanción de destitución en el cargo”.

El auditor le endilga al fiscal «haber revictimizado a la mujer víctima en situación de vulnerabilidad en el marco de las presentes actuaciones dándole un trato indecoroso, molestándola y presionándola para que firme un acuerdo de juicio abreviado sin haber velado por la salvaguarda de su intimidad”.

Una de las medidas cuestionadas por la auditoría fue la prisión domiciliaria del pedófilo Marcelo Galaz. «La primera conducta disvaliosa fue la celebración de un acuerdo de prisión domiciliaria en fecha 30/5/2022 en clara violación a lo previsto por el artículo 10 del Código Penal, sin que el fiscal le informe a la víctima que la resolución dictada en esa fecha por parte del tribunal no respondía a sus pretensiones de protección integral, la cual tampoco fue apelada por el órgano fiscal y como consecuencia de ello haber incumplido el principio de debida diligencia reforzada en el artículo 7 de la Convención de Belém Do Para».

Mai también le recrimina al fiscal «haber presentado el 17 de noviembre de 2022 un acuerdo abreviado el cual no cumplimentaba con los requisitos establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal,ya que no acompañó la conformidad de la víctima y tampoco la rúbrica del fiscal regional respectivo. Como así tampoco haber fundamentado en dicha oportunidad la razón del cambio de calificación más favorable para el imputado ni la modificación de la pretensión punitiva en favor del mismo, sin haber motivado el fiscal al momento de la determinación de pena, cuál era la razón para que delitos que concurrían realmente entre sí sean condenados por el mínimo legal de la plataforma jurídica seleccionada en el abreviado, teniendo en cuenta la pretensión esgrimida en la acusación de 32 años de cumplimiento efectivo conforme los parámetros de los artículos 40 y 41 del Código Penal por parte del acusador público».

Mai le recrimina además al fiscal «haber realizado durante marzo y abril de 2023 diversas declaraciones indecorosas e imprudentes en distintos medios de comunicación, poniendo en conocimiento de la ciudadanía que brindaba información sobre la marcha de la investigación a un tercero ajeno al proceso, en una causa en donde la principal interesada, la víctima, siempre estuvo desinformada del estado de la misma en contradicción a lo estipulado en el marco normativo vigente».