El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, volvió ayer a cerrarle la puerta a toda posibilidad de reanudar la negociación salarial, tal como reclaman los gremios del sector público provincial. «Hoy la decisión del gobierno es cumplir con lo que se acordó oportunamente. Es decir que lógicamente monitoreamos semana a semana las variables inflacionarias», dijo pero se mantuvo inflexible. La posición del Ejecutivo es aferrarse a lo acordado en marzo, esto es reabrir la mesa de diálogo recién en septiembre, según la cláusula de revisión.

El problema es que para entonces la escalada inflacionaria habrá erosionado fuerte la escala salarial acordada. Marzo parece una foto demasiado vieja.

En declaraciones formuladas ayer, Pusineri reconoció no obstante que el 46 por ciento de aumento salarial acordado con municipales ya quedó superado por la suba de precios. Con más razón lo estará en septiembre. Pero el horno no está para bollos. Es decir, las cuentas de la Provincia. Sobre todo si en el horizonte emerge un probable recorte de fondos para obras a las provincias, tal como se rumoreó tras la reunión del jueves de Omar Perotti y otros gobernadores con la ministra de Economía, Silvina Batakis.

«Hay una paritaria que en su momento llevó adelante Festram y que se está desarrollando; de allí en más cualquier modificación deben hablar con los intendentes y presidentes comunales, que son los empleadores, y siempre tomando como piso lo que se acordó en su momento», dijo el ministro.

La estrategia de la Casa Gris, para el caso del gremio municipal, es correrse y dejar que los sindicatos pugnen directo con los intendentes. Tal como ocurre con Rosario, Santa Fe y Rafaela, que emplean a la mitad de los trabajadores municipales de la provincia. «Allí no hay ninguna necesidad de que la Provincia intervenga, y todo tiene que resolverse dentro de la relación de cada intendente con sus empleados», dijo Pusineri.

Para el resto de los trabajadores del aparato estatal –esto es docentes y empleados de la administración pública–, la posición del gobierno provincial es atenerse a lo firmado y aguantar hasta septiembre, por más protesta gremial que ensayen Amsafe, ATE o UPCN.

«Allí el gobierno está enfocado en cumplir lo que queda pendiente, que es importante. Tenemos por delante dos aumentos del 8%», recordó. «Son 150 mil trabajadores públicos, representan unos 30.000 millones de pesos por mes. Es la mayor erogación presupuestaria que tiene la provincia», resaltó el titular de la cartera laboral para cerrar la polémica.

Pusineri recalcó: «No estamos en un momento de cláusula gatillo. En su momento las paritarias se resolvían con los salarios yendo atrás de la inflación. Ahora estamos yendo delante de la inflación», aseguró.

El clamor gremial está presente. Hace dos semanas la cúpula de Amsafe pidió de manera formal ante el Ministerio de Trabajo la reapertura de paritaria para discutir salario. «La ministra dice que estamos bien, pero no es así. Cuando se dé a conocer el índice de inflación, ese porcentaje ya lo habremos perdido. Los trabajadores decimos que no vamos a pagar la crisis, decimos que la Provincia tiene recursos, son sus funcionarios los que salen a hablar de cómo aumenta la recaudación», planteó el secretario general de los docentes de enseñanza pública, Rodrigo Alonso.

Aquel 46% firmado a mediados de marzo comenzó con un tramo de 22 por ciento en marzo, y luego 3 escalones de 8% cada uno en mayo, agosto y septiembre, respectivamente.

La inflación acumulada en Santa Fe durante el primer semestre del año llegó al 35%. Y todavía faltan dos largos meses hasta septiembre.