El juez Román Lanzón rechazó el pedido de prisión preventiva efectuado por la fiscalía; los ex directivos o accionistas de la agroexportadora Vicentin continuarán en libertad, en tanto cumplan con las condicionalidades que les fueron impuestas en el expediente.
El magistrado tomó esa decisión luego de una larga audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, que tuvo en el banquillo a quienes fueran los principales responsables de elaborar balances y administrar la empresa, antes del “estrés financiero” que la llevó al concurso.
Tras casi siete horas de exposiciones, Lanzón sentenció que no existe riesgo de que los ex directivos puedan entorpecer la investigación, contrario a lo argumentado por el fiscal. Miguel Moreno, a cargo de la investigación, había presentado diversas pruebas (entre ellas, algunas escuchas, cadenas de mails y mensajes de WhatsApp) en las que basó su solicitud.
Para Lanzón, la medida cautelar solo tiene lugar en los casos que sea “necesaria e indispensable para garantizar los fines del proceso”. Planteó el juez que la evidencia presentada por el fiscal no acredita motivo para una prisión preventiva, por lo que no existe riesgo para la continuidad del proceso penal.
Más allá de rechazar el pedido de prisión preventiva, el magistrado sí le dictó a los imputados -14 en total- la prohibición de salir del país, al tiempo que les impuso la constitución de un seguro de fianza por U$ S 10 millones.
Entre los imputados se encuentra el actual presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, quien administra la empresa bajo intervención judicial en el marco del concurso que lleva adelante el juez Fabián Lorenzini. El expediente que lleva adelante el magistrado de Reconquista es distinto al de la causa penal que tramita la justicia provincial en Rosario.
Scarel está imputado porque ejercía el cargo de síndico en el directorio de la firma cuando se firmaron los balances que, según la imputación del fiscal, ocultaron los pasivos que venía padeciendo Vicentin.
El Litoral