El gobernador Miguel Lifschitz, junto al ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, y el fiscal del Estado, Pablo Sacone, brindó este miércoles una conferencia de prensa para dar detalles de la reunión que mantuvieron este martes con la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto a otras 15 provincias, a raíz del perjuicio que ocasionan las últimas medidas tributarias y la reducción del IVA en los alimentos, por parte del gobierno nacional.

“Estas dos medidas que consideramos positivas en términos de beneficiar a los sectores populares y ponerle plata en el bolsillo de la gente para reactivar el consumo, tuvieron como consecuencia la pérdida de recursos que le corresponden a las provincias en virtud de la Ley de Coparticipación. A raíz de esto hicimos una presentación a la Corte, no para que se anulen las medidas que tomó el gobierno en beneficio de la gente, sino para que el gobierno no le quite recursos a las provincias y nos compense por la pérdida de casi 4 mil millones que representa para la provincia en estos cuatro meses”, enfatizó el gobernador.

También aprovechó la oportunidad para repasar otras circunstancias que se vienen dando en este año y que determinan un perjuicio económico muy importante para la provincia, entre ellas, que no se cumplió todavía con el aporte que por ley le corresponde hacer al gobierno nacional para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, “que representa $ 5800 millones que ya debieron haber ingresado a las arcas de la provincia y, si le sumamos los $ 4 mil millones, representa casi diez mil millones de pesos menos para las finanzas del gobierno provincial”.

“A eso hay que agregarle que también el gobierno de manera unilateral dispuso un reperfilamiento de la deuda en bonos y esto ha afectado a Santa Fe, teniendo en cuenta que nosotros teníamos una inversión de $ 1200 millones en Letras del Tesoro de la Nación (Letes), reservadas para los compromisos externos. En virtud de este reperfilamiento de la deuda, no podemos hacer efectivos esos bonos, o sea que es otro perjuicio adicional para la provincia y que estamos reclamando”, siguió Lifschitz.

“Al mismo tiempo le hemos pedido al ministro del Interior un aporte de mil millones de pesos en concepto de ATN para municipios y comunas de toda la provincia que atraviesan una difícil situación financiera y sobre eso tampoco hemos tenido respuesta, teniendo en cuenta que el fondo de Aportes al Tesoro Nacional son recursos provinciales justamente destinados a cubrir emergencias financieras”.

DEUDA HISTÓRICA Y SUBSIDIO AL TRANSPORTE

El gobernador también se refirió a la deuda histórica que Nación mantiene con Santa Fe al recordar que “se encuentra pendiente el pago de la deuda histórica que asciende a 80 mil millones de pesos y estamos esperando un fallo inminente de la Corte para que intime al gobierno a hacer efectiva esa deuda”. Del mismo modo, recordó que “por decisión unilateral del gobierno, a fines del año pasado se decidió no seguir financiando el subsidio al transporte y el subsidio a la energía, esto ha determinado que Santa Fe se haya tenido que hacer cargo de casi 3 mil millones de pesos para financiar el transporte urbano e interurbano y la tarifa social eléctrica”.

“En el mismo sentido, nos hemos hecho cargo de los incrementos que el gobierno nacional, después de congelar las tarifas eléctricas, produjo a lo largo de este año y que no quisimos trasladar al comercio y a la industria, como así también los gastos en salud que el gobierno viene retaceando, como vacunas, tratamientos de altos costos y drogas oncológicas”, aseguró Lifschitz.

“Todo esto configura una clara acción de este gobierno nacional que, lejos de apuntalar al federalismo como dice en los discursos, produce nuevamente una pérdida de la capacidad presupuestaria en los gobiernos provinciales, restándonos capacidad de actuación y posibilidades de financiar el funcionamiento provincial”, enfatizó.

Por último, el gobernador dejó en claro que “a pesar de todas estas coyunturas absolutamente negativas desde el punto de vista financiero para la provincia y absolutamente fuera del campo de acción de nuestro gobierno, venimos sosteniendo la obra pública, el pago de salarios y jubilaciones con cláusula gatillo, y tenemos voluntad de seguir haciéndolo hasta el fin de nuestro gobierno”.

“Adherimos a la Ley nacional de emergencia alimentaria y esto supone incrementar las partidas provinciales para la atención del gasto social. Este es el escenario general que implica un daño muy importante a las finanzas de los gobiernos y, en un futuro gobierno, debiera ser discutido porque implica retroceder en términos de federalismo”, concluyó.

Por su parte, Saglione resaltó que “la situación de las finanzas provinciales no es ajena a lo que pasa en el contexto económico nacional y a las decisiones que generan pérdidas de recursos al gobierno de la provincia. Nosotros estamos defendiendo a Santa Fe porque ese es el concepto de federalismo que tenemos como gestión y es una constante que nos ha caracterizado en estos años”.