Se percibe en el ambiente social y político nacional una rara sensación atmosférica con formación de nubes que los analistas aún no saben describir con certeza en que clima desembocará. En Rosario la tormenta comenzó a desatarse. Fue una combinación de motivos, con uno sobresaliente: la inseguridad.

De manera conjunta los ministros de Trabajo y Producción santafesinos, Julio Genesini y Luis Contigiani salieron a advertir que entre los “Repro” (subsidios de salarios) y el dinero que aporta la Provincia – 22 millones de pesos hasta ahora – para empresas en crisis, que perturbadoramente están reflejando los índices números del INDEC normalizado, hay un latente estado de inquietud social. Rosario reflejó los índices más altos de desocupación: 11,7%.

Rosario es una ciudad socialmente caótica. El jueves más de 5 mil personas marcharon en contra de la inseguridad “y por justicia”. Por primera vez “la señora de los ojos vendados” está en el ojo de la tormenta.

Los Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y de Justicia Ricardo Silberstein acudirán en dos semanas a la Cámara de Diputados para dar explicaciones.

Una diputada provincial del FPV, Patricia Chialvo pidió audiencias públicas para las tarifas de la EPE. Hasta ahora este mecanismo no estaba contemplado, pero en la reunión mantenida la semana pasada entre el flamante Defensor del Pueblo Raúl Lamberto con directivos de la EPE, y atendiendo a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya lo pidió para el gas y seguramente sugerirá lo propio para la energía en Buenos Aires; Santa Fe no tardará en aplicar un mecanismo similar,  tal vez por decreto.

La inseguridad en el ojo de la tormenta institucional.

La justicia santafesina está sensible; siente que le sacaron la campana de cristal que recubría el tabernáculo que la separa del resto de los mortales.

Primero fue la revelación de los sueldos que perciben los integrantes de la Corte Suprema que rozan los 300 mil pesos mensuales (sin tributar el Impuesto a las Ganancias); para luego enfrascarse en una lucha sin cuartel con el infatigable Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien puso en tela de juicio el accionar de la justicia al momento de liberar detenidos, lo cual provocó que el mismísimo Presidente de la Corte Rafael Gutiérrez desbarrancara sintácticamente al referirse de manera peyorativa a Pullaro, adjetivándolo como “este muchacho”, que “no sabe donde está sentado”.

De la misma manera que el Vicegobernador Fascendini cuando calificó de “banda” al sector radical universitario, el Dr. Gutiérrez dijo a micrófono abierto lo que suele celebrase en un asado entre amigos. Ambos fueron imprudentes en sus declaraciones; salvo que las mismas fueran premeditadas, lo que eleva el grado del conflicto; político en un caso, e institucional en el otro.

Maximiliano Pullaro, acorralado por la creciente ola de inseguridad – que tiene múltiples aristas: social, cultural y en parte quizás azuzada por la propia policía que se resiste a los cambios – apuntó hacia “la justicia” que con llamativa laxitud concede excarcelaciones; tópico advertido hace ya tiempo por el senador radical Lisandro Enrico, al presentar proyectos sobre el tema excarcelaciones y prisiones preventivas que cierto garantismo exhibido en Diputados freezó.

Hace tiempo que el Ministro Pullaro se había referido al tema de las excarcelaciones. En aquel momento “la justicia” había respondido lo mismo que el titular de la Corte Rafael Gutiérrez repitió esta semana: es el Servicio Penitenciario – que depende de Pullaro – el que le da a los jueces de Ejecución Penal de Sentencia los informes sobre la conducta de los reos para las salidas transitorias, que en la mayoría de los casos usan para volver a delinquir: “es natural que un preso tenga buena conducta para lograr la salida transitoria; o bien que coimeen”, se escuchó decir en ámbitos gubernamentales.

Es por ello que el diputado Luis Rubeo presentó un proyecto para la creación de un órgano que controle las salidas transitorias de los presos, tendiente a evitar la reincidencia de quienes salen con permisos y no regresan más al penal o delinquen. Retomando el eje del conflicto de poderes (si bien no es formal, al menos sucede ante la opinión pública), los jueces se sienten ofendidos por la visibilidad que se le está dando a su función, considerando las declaraciones del Ministro Pullaro (quien también “se fue de boca” cuando dijo que en materia de seguridad “nadie se puede hacer el boludo”) «lesivas de la independencia de poderes». ¿Desde cuándo un funcionario – o ciudadano común – no puede opinar sobre el accionar de la justicia?. ¿Es materia prohibida?.

Para colmo, el diputado provincial del PRO Roy López Molina ingresó un proyecto para que los ciudadanos puedan acceder libremente al historial académico, profesional y patrimonial de los mismos y, en especial, a las causas en mora, las sanciones recibidas y las revocatorias y nulidades de sus fallos.»Hay una decisión política que busca controlar al Poder Judicial, uno de los más expuestos, y debemos analizar si este avance no perjudica su independencia», enfatizó Alfredo Palacios, presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe.

A todo esto, 65 fiscales con el Fiscal General Julio de Olazábal a la cabeza le pidieron al Gobernador duplicar la cantidad de fiscales en la provincia para investigar con mayor eficacia la ola de violencia en Santa Fe.

Los fiscales no pueden – ni debieran – mirar para otro lado mientras la vindicta pública cae sobre los magistrados: son ellos en el nuevo sistema procesal penal los encargados de investigar, pero básicamente decidir la inmediata libertad de quienes la policía atrapa delinquiendo.

Lo cierto es que mientras esta guerra dialéctica sucede entre quienes tienen la responsabilidad de resolver el problema, la ciudadanía sigue siendo víctima del accionar delictivo.

Lifschitz y Pullaro están atravesando la bisagra de su gestión: o acuerdan con la policía el manejo de la calle y sus sórdidos derivados; ó siguen a fondo con las premisas acordadas al momento de iniciar la gestión: cambiar un sempiterno modo de actuar que históricamente convino a las dos partes: la policía que podía seguir teniendo el poder real (el que da el monopolio de la fuerza  en manos del Estado con el manejo de la información, y el actuar en la calle conviviendo con el delito, pero también con el ciudadano común que necesita de su presencia no solo en la prevención del delito, sino en los detalles de su vida como un accidente de tránsito ó violencia doméstica); y los políticos que creían tener las espaldas cubiertas al precio de resultar rehenes de una institución con 140 años de antigüedad.

Basta  con ver los señoriales edificios de las Unidades Regionales para caer en la cuenta del poder que siempre ostentó la policía.

La “fuerza” sabe que se vienen cambios profundos, y en la política están convencidos que manda señales  (basta con desviar un poco la mirada hacia la Gobernadora bonaerense Vidal que incluso recibe una amenaza contra su vida por semana).

La rebelión social rosarina le dio la razón al “portalazo” del Gobernador Lifschitz cuando el incidente político con el Vicegobernador Fascendini, al cual el Primer Mandatario le respondió usando el portal oficial del gobierno. No hay lugar para abrir más frentes de batalla, menos intestinos (y eso va para su Partido también); lo principal es asegurar la gobernabilidad; de allí el mensaje tranquilizador  a Cambiemos: del gobierno no se va nadie.

Decíamos hace una semana en estas páginas que muy pronto se conocerían medidas revolucionarias que en virtud de lo acontecido la semana pasada en Rosario se apurarán. Plataformas tecnológicas que permiten construir información criminal y mapas de calor en tiempo real. Desaparición de las tradicionales comisarías barriales para dar lugar a las “megacomisarías”; patrullajes por cuadrículas geo referenciadas; nuevos móviles adaptados especialmente con tecnología de última generación, similar a la observada en los países del primer mundo. Todo observado por “civiles” junto a los policías en los centros de monitoreos.

El Gobernador suspendió las actividades previstas para este fin de semana – entre ellas la asistencia a expo rural de San Cristóbal para tomar el toro por las astas tras los hechos de Rosario. Viajará a Buenos Aires con Pullaro para entrevistarse con la Ministra Patricia Bullrich, llevarle una propuesta concreta y pedirle el mismo trato con Gendarmería que tiene Provincia de Buenos Aires y CABA.

La presencia de gendarmes incluye a Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto y se harán operativos mixtos y saturación en barrios calientes.

Pero no hay que perder de vista el entorno social y cultural: la indigencia extrema en los cordones periféricos de las grandes ciudades que alienta el tráfico y consumo de drogas, el desapego por la educación y consecuentemente por el acceso a trabajos bien remunerados, y la carencia total de un proyecto de vida de gran parte de esa población marginal y marginada son el germen ideal para que nada de esto cambie; todo lo contrario: se potencie.