La Diputada Provincial Claudia Giaccone (mediante proyecto aprobado de su autoría) en la Legislatura provincial se manifestó contra el Decreto 820/2016 del Ejecutivo nacional que «prácticamente deja sin efectos los límites a la extranjerización de tierras y espacios de agua»
La Diputada Provincial Claudia Giaccone (mediante proyecto aprobado) en la Legislatura provincial se manifestó contra el Decreto 820/2016 del Ejecutivo nacional que «prácticamente deja sin efectos los límites a la extranjerización de tierras y espacios de agua»
Giaccone se mostró preocupada por las implicancias negativas del Decreto, que también fueron advertidas y objetadas por varios sectores de la sociedad, como por ejemplo Federación Agraria Argentina, que a través de su Presidente y Secretario Gremial expresaron su descontento y dudas sobre el verdadero interés de los asesores de Macri. Y también por la Dra. Florencia Gómez, ex – Directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, para la cual claramente se viola la Ley de Tierras.
«La ley de Orden Público fue aprobada para proteger recursos naturales de los argentinos», dice Giaccone. «Además corría el velo jurídico sobre la composición accionaria de las sociedades, y establecía límites precisos de superficies adquiridas por extranjeros: 15% del territorio –a nivel nacional, provincial o subprovincial-, un máximo de 30% de la misma nacionalidad, prohibición de compra por extranjeros de tierras rurales que contengan o limiten con grandes cuerpos de agua, tope personal de 1000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente productivo en otras regiones.»
«Ahora con la excusa de actualizar la reglamentación al nuevo Código Civil y Comercial se cambia el espíritu de la ley, facilitando la extranjerización ya que no será más necesario el Certificado de Habilitación que exigía la ley pudiendo realizarse transferencias de acciones sólo comunicándole al Registro Nacional de Tierras, por ejemplo. O posibilitan que las adquisiciones por vía hereditaria no pasen por dicho Registro, como el caso de las 400.000 hectáreas propiedad de Douglas Hopkins y sus empresas, en el Acuífero Guaraní, que van sin limitación alguna a su viuda y descendientes», expresa.
La legisladora remarcó: «También se autoriza a presentar boletos de compra-venta como documento que justifique propiedad previa al dictado de la Ley 26.737, y más preocupante aún es que se direcciona a realizar transferencias de acciones en estudios jurídicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«El decreto atropella la soberanía de nuestro país y sus recursos y bienes, desconoce el Derecho Público provincial y deja sin capacidad de control a las provincias sobre la adquisición, tipo de explotación y destino de la tierra, e impacto sobre el medio ambiente. Y llamativamente se promulga luego de la visita del Presidente Macri al empresario inglés Joe Lewis en su estancia lindante con el Lago Escondido en la provincia de Río Negro, donde el magnate inglés veda el libre acceso», resaltó Claudia Giaccone.