Organizada por un grupo de Autoconvocados de Romang, en el día de ayer, se llevó a cabo en Reconquista la primera reunión para conformar una multisectorial en el norte santafesino con el objetivo de hacerle frente al tarifazo de energía que se aplicó cuando el Ministerio de Energía y Minería de la Nación decidió readecuar el cuadro tarifario y quitar subsidios de algunos servicios básicos, entre ellos, de la luz y el gas.

 

De la ciudad de Vera, estuvieron presentes representantes de la Asociación Civil La Quinta, del grupo Jóvenes por la Memoria y el concejal Alejandro Bustos. Además, participaron del encuentro el diputado provincial Carlos del Frade, pequeños empresarios y comerciantes de Reconquista y Romang, miembros del Norte Amplio por los Derechos Humanos, referentes políticos de Reconquista, Villa Ocampo y  Las Toscas, representantes gremiales y ciudadanos de distintos puntos del norte.

 

Además de solicitar que las tarifas se retrotraigan al mes de noviembre, uno de los principales objetivos de la reunión fue darle visibilidad y apoyo a las acciones legales que ya tienen curso en el juzgado federal de Reconquista. “Tenemos dos acciones judiciales que se interpusieron en el juzgado federal cuyo objetivo es obtener la declaración por parte del juez federal Aldo Alurralde de la inconstitucionalidad de esta medida que ha tomado el Ministerio de Energía y Minería de la Nación porque no respetó el procedimiento que establecen las leyes”, explicó la abogada María Cecilia Sotelo.

 

Por su parte, el diputado provincial por el Frente Social y Popular e integrante de la Multisectorial Contra el Tarifazo de Rosario, Carlos del Frade, dio detalles sobre los motivos que impulsaron el tarifazo en nuestra provincia: “La quita de subsidios fue la decisión política. Esa quita luego se traslada automáticamente al pueblo de la nación. En la comisión de Obras Públicas del Cámara de Diputados, el presidente de la EPE Raúl Stival explicó que para el año 2016 teníamos un presupuesto de 1 mil millones de pesos para comprar la energía eléctrica que viene a la provincia de Santa Fe a la compañía CAMESA”.

 

El problema presupuestario estalló, según el propio Stival, con la quita de los subsidios. “Cuando Macri decide levantar los subsidio, pasamos a  pagar  4.800 millones. Hay una diferencia de 3.800 millones. Automáticamente, la EPE decide cargar estos 3800 millones de pesos al grueso de la población de la provincia de Santa Fe”, continuó del Frade.

 

Además, el diputado se refirió a los tres proyectos que ingresaron a la cámara para que esa diferencia no se traslade completamente a las boletas de todos los santafesinos: uno del diputado justicialista Héctor Caballero, uno del sector del socialista disidente Rubén Giustiniani  y otro del espacio que encabeza del Frade, quien propone cobrarle el 1% de ingresos brutos a 8 grandes empresas que operan en la provincia y hace 25 años no abonan ese impuesto, y de esa manera financiar una buena parte del dinero que el gobierno nacional quito en subsidios a la energía.

 

Luego de intensas discusiones e intercambio de ideas y experiencias de todos los presentes, se realizó una junta de firmas para solicitar de forma urgente que el juzgado federal de Reconquista se expida sobre la cuestión energética que afecta notoriamente a los ciudadanos de toda la provincia y que tiene su influencia negativa en comercios, pequeñas empresas e industrias que ya se ven en una encrucijada: pagar los servicios o abonar los salarios a sus empleados.

 

El próximo encuentro será el lunes 1º de agosto  en el Sindicato de Aceiteros de Reconquista, sobre calle 9 de julio al 33, a partir de las 19.

 

Fuente y fotos – Juan Jo. Storti