Lo hizo el fiscal Rubén Martínez, en un escrito ante el Juez de la Investigación Penal Preparatoria. También pidió la apertura del procedimiento intermedio, que es la etapa previa al juicio oral y público. Solicitó penas de entre tres y ocho años de prisión para los cinco imputados que tiene la investigación.

El fiscal Rubén Martínez presentó la requisitoria de acusación en el marco de la investigación que encabeza por diversos delitos en perjuicio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Zona 1 Reconquista. El funcionario del MPA hizo la solicitud en un escrito presentado ante el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gonzalo Basualdo, en el que también pidió la apertura del procedimiento intermedio, es decir, la etapa previa a la apertura del juicio oral y público.

Los imputados son cinco personas. Dos son funcionarios públicos provinciales: el jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes de la DPV, Zona 1 Reconquista, Delfino Andrés Scarel de 63 años; y el Jefe de la Zona 1 Reconquista de la DPV, Osvaldo Sánchez de 56 años. También está imputado el delegado gremial A.J.D.M. de 58 años. Por su parte, el fiscal imputó a dos empleados de la estación de servicio Esso El Cruce, cuyas iniciales son N.I.R de 36 años y H.G.N. de 49.

Los delitos por los que se imputó a Scarel fueron co-autoría de fraude a la administración pública; falsificación de documento; falsificación ideológica de documento; y uso de documento falso o adulterado; todo en concurso real. Sánchez, en tanto, fue imputado como co-autor de los delitos de fraude a la administración pública; uso de documento falso o adulterado; e incumplimiento de los deberes de funcionario público; todo en concurso real.

El delegado gremial A.J.D.M. fue imputado por encubrimiento de los delitos de Scarel y Sánchez. También por haber coaccionado al padre del empleado que hizo la denuncia; ambos delitos en concurso real. Por su parte, a los empleados de la estación de servicio cuyas iniciales son N.I.R. y H.D.N. se les atribuyeron los delitos de falsificación ideológica de documento y encubrimiento, en concurso real.

El fiscal Martínez detalló que las penas solicitadas son de siete y ocho años de prisión de cumplimiento efectivo para Scarel y Sánchez, respectivamente. Además, pidió la pena de inhabilitación especial para ejercer empleo público para ambos. En tanto, para los otros tres imputados, las penas son de tres años y, por lo tanto, de ejecución condicional.

Maniobra

La investigación del caso fue iniciada por Martínez a raíz de una denuncia realizada el pasado 6 de abril por Javier Ruiz Díaz –también empleado de DVP– en la Unidad Fiscal Reconquista. “De las pruebas contables llevadas a cabo, se pudo establecer que se usaron fondos públicos para pagar combustibles que nunca llegaba a los campamentos de Vialidad. Se le daba otro destino, pero el pago se hacía con partidas asignadas a Vialidad”, detalló el fiscal.

“Tenemos diferentes pruebas que acreditan de manera certera la autoría, modalidad de actuación y daño ocasionado”, indicó Martínez.

El fiscal del MPA también señaló que “ante el conocimiento de que su maniobra había sido descubierta, uno de los acusados compró 1.300 litros de gas oil (la misma cantidad que la indicada en tres vales adulterados en marzo de este año) con dinero propio y lo envió a los campamentos sin que éstos lo hubiera siquiera requerido.

Pero además –siguió Martínez–, la misma persona, por el cargo que tenía en Vialidad, “era quien realizaba los concursos de precios para la compra de combustible y desde el año 2006 ganó siempre la misma empresa. En tanto, el otro funcionario público acusado, era quien autorizaba los pagos de las facturas por consumo de combustibles y firmaba los cheques. Eran maniobras coordinadas destinadas a lograr un mismo objetivo, fraude al Estado”.