Son inmuebles rurales en la provincia pertenecientes a sociedades anónimas, explotaciones unipersonales, sociedades en comandita y sociedades de responsabilidad limitada que no pagaron el impuesto al fisco provincial. En muchos casos se trata de contribuyentes que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La Administración Provincial de Impuestos (API), dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos, cursó intimaciones a 500 grandes propietarios rurales por diversas irregularidades en el pago del Impuesto Inmobiliario, con una deuda total que se estima en 50 millones de pesos.

 

“Se trata de inmuebles rurales en la provincia pertenecientes a sociedades anónimas, explotaciones unipersonales, sociedades en comandita y sociedades de responsabilidad limitada que no pagaron el impuesto determinado al fisco provincial”, señaló el secretario de Ingresos Públicos de la provincia, Sergio Beccari, quien precisó que “los grandes propietarios de inmuebles rurales representan el 10 por ciento de las partidas emitidas y el 30 por ciento del valor total de emisión del tributo rural (que en 2014 ascendió a 600 millones de pesos)”.

 

Al respecto, el secretario de Ingresos Públicos sostuvo que “muchos de los casos que resultaron intimados por no pagar sus tributos al fisco santafesino corresponden a contribuyentes que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchos de ellos llamaron para preguntar cuánto debían, se les contestó y priorizaron el no pago, antes que regularizar una deuda legítima”, manifestó el funcionario.

 

“Son contribuyentes que quieren servicios del Estado, que igual se les otorgan y que no cumplen sus obligaciones”, enfatizó Beccari, por lo que agregó que la API llegará hasta las últimas consecuencias, incluso en los casos en que detectemos maniobras de elusión manifiestas o engaño al fisco. Sin dudar, aplicaremos la ley penal tributaria”, reforzó el funcionario.

 

SOBRE LAS INTIMACIONES

 

Con respecto a los casos particulares, Beccari indicó que “el caso más impactante es el de una Sociedad Anónima con domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en propiedad de 2.000 hectáreas en la zona de Luis Palacios, departamento San Lorenzo, que adeuda cerca de 2 millones de pesos al fisco santafesino. Esta misma sociedad, acumula 67.000 hectáreas en las mejores zonas agrícolas y ganaderas del país, ya que posee inmuebles en corrientes, Formosa, San Luís y Chaco”, detalló el funcionario.

 

“Otra de las sociedades anónimas continuó Beccari, también con domicilio fiscal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posee 8.100 hectáreas en la zona de Lazzarino, en el departamento General López. Esta sociedad adeuda más de 1.500.000 pesos al fisco santafesino y priva a esa localidad de la coparticipación de dicho impuesto”, precisó.

 

Dentro del grupo de propietarios intimados, “existe otro caso similar, con la forma jurídica de SA y con domicilio fiscal en Ciudad Autónoma, con 1.700 hectáreas ubicadas en la localidad de Hughes, al sur del departamento General López, que adeuda al fisco santafesino mas de 600.000 pesos”, agregó el titular de la Secretaría de Ingresos Públicos.

 

Las intimaciones también alcanzan a casos de propietarios con domicilio fiscal en la propia provincia de Santa Fe: de 1.200 hectáreas en la zona de Villa Mugueta, departamento San Lorenzo; 2.200 hectáreas en la zona rural de Cañada del Ucle, en el departamento General López; y 1900 has, en la zona rural de Casalegno en el departamento San Jerónimo. Entre los tres propietarios suman 5 millones de pesos de deuda.

 

En el mismo sentido, Beccari mencionó otro caso llamativo de un contribuyente unipersonal que tiene como domicilio fiscal una casilla de correo y extensiones rurales en las ciudades de Rufino, Correa y Carcarañá: “en total, adeuda cerca de 500.000 pesos con casi 4000 hectáreas a su nombre. Y en la zona rural de Zavalla, otro contribuyente adeuda la misma cifra con 2.100 de campo”, añadió.

 

Con respecto a los pasos a seguir en los casos en que los contribuyentes intimados no paguen sus deudas al fisco, Beccari explicó que se les realizará un embargo preventivo y luego se iniciará un juicio de apremio”, concluyó.-

 

Fuente: Secretaría de Comunicación Social