El gobernador Antonio Bonfatti entregó ayer, en la ciudad de Santa Fe, aportes a 11 localidades del norte provincial por un valor de 2.150.000 pesos, mientras que otros 37 municipios y comunas de la región fueron invitados a adherirse a esta iniciativa del gobierno provincial.

El número total de localidades que alcanzará el plan será de 132, con un monto global de inversión estimado de 19.840.000 pesos.

En la oportunidad, específicamente, recibieron fondos Suardi (120.000 pesos), San Cristóbal (150.000), San Carlos Centro (150.000), Gálvez (150.000), San Genaro (150.000), Malabrigo (150.000), San Jorge (150.000), Avellaneda (260.000), Sunchales (260.000), San Justo (260.000) y Santo Tomé (350.000).

«Comenzamos con los lugares de mayor índice de criminalidad, pero nuestra idea es hacer una especie de escudo que incluya todos los ingresos a la provincia de Santa Fe y así, paulatinamente, ir dando respuestas a cada uno de los municipios y comunas. Para la asignación de las cámaras hemos tomado en cuenta el número de habitantes y si son localidades de frontera», detalló el gobernador, acompañado por el vicegobernador Jorge Henn; y el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto.

«El tema de la inseguridad es lo que más nos preocupa en el país y en la provincia, y lo abordamos desde una mirada múltiple», señaló el gobernador, para referirse en primer lugar a la necesidad de «trabajar en las cuestiones sociales y todo lo que tiene que ver con el incremento de la violencia. Me refiero a garantizar derechos: a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo».

«El otro punto -continuó- tiene que ver con la Justicia. Hemos logrado un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público de la Acusación y fijamos la fecha para que comience a funcionar el nuevo sistema procesal penal en la provincia: el próximo 10 de febrero de 2014».

En tercer lugar, Bonfatti mencionó «plan de Seguridad, presentado en noviembre del año pasado, que tiene que ver con múltiples aspectos: la formación y capacitación de los cadetes desde el ingreso; la formación y capacitación permanente para el personal policial; la descentralización de de la estructura policial en 5 conducciones; el equipamiento; el 911 que va creciendo en toda la provincia; la creación de la Policía de Investigación y la Policía Judicial para abordar la investigación del delito. En ese marco de acción, también estamos abordando la videovigilancia», indicó.

En el acto también estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet; y los senadores provinciales Hugo Marcucci, Alcides Calvo, Rubén Pirola y Rodrigo Borla, entre otras autoridades provinciales, municipales y comunales.

PRIMERA ENTREGA

El gobierno entregó este lunes en Rosario aportes para 12 localidades del sur provincial, que ascienden a 2.109.491 pesos, mientras que fueron invitados a sumarse al Plan de apoyo e inversión en videovigilancia 35 municipios y comunas de la zona sur.

Recibieron recursos Chañar Ladeado (115.491 pesos), Elortondo (120.000), Teodelina (120.000), Las Rosas (150.000), Roldán (150.000), Armstrong (150.000), Villa Cañás (150.000), Totoras (150.000), Casilda (224.000), Funes (260.000), Granadero Baigorria (260.000) y Cañada de Gómez (260.000).

En total, el gobierno entregó en esta primera instancia un total de 4.259.491 pesos, distribuidos en 23 localidades de todo el territorio provincial; y sumará a otras 72 -de las 60 originarias- a este Plan de Apoyo e Inversión en Videovigilancia.

CARACTERÍSTICAS

El Ministerio de Seguridad brindará asistencia técnica y establecerá parámetros mínimos respecto del tipo de instalaciones y equipamientos que podrán ser financiados, con el objetivo de compatibilizarlo con el sistema provincial.

La iniciativa exceptúa las ciudades de Rosario, Santa Fe y San Lorenzo, cubiertas por el sistema provincial; y Rafaela y Venado Tuerto, recientemente asistidas en la colocación de cámaras.

En julio, el gobierno presentó esta iniciativa dirigida originariamente a 60 localidades -46 ciudades y 14 comunas situadas en áreas fronterizas por donde atraviesan caminos o rutas interprovinciales-, y cuyas acciones de apoyo e inversión se enmarcan en la ley Nº 13.297 de Emergencia en Materia de Seguridad, que autoriza al Poder Ejecutivo a adquirir un sistema de circuito cerrado de monitoreo para su instalación en áreas críticas o que evidencien una notoria densidad de actividad comercial, financiera, recreativa, etc.; debiéndose prever puntualmente en los ingresos y egresos masivos de tránsito vehicular en las grandes urbes.

En primera instancia, se estimó en 10.500.000 pesos el monto total de inversión para los proyectos. Finalmente, se amplió la cifra a 11.200.000 pesos y, debido a la repercusión favorable que ha tenido aquella primera convocatoria, se extendió a 72 comunas adicionales, elegidas en razón de su ubicación sobre caminos o en regiones cuyo adecuado control resultan de alta significación para la seguridad de los habitantes del territorio provincial. Esta nueva asignación se ha previsto en 8.640.000 pesos.

La distribución de los aportes económicos que el gobierno destinará a los municipios y comunas se realizará de acuerdo a las características y necesidades de cada localidad, por lo que los importes no serán fijos.

El plan de apoyo e inversión en videovigilancia apunta a la constitución de espacios públicos más seguros, favoreciendo la utilización de herramientas tecnológicas que permitan la prevención y el combate de las acciones delictivas. Para ello se coordinarán esfuerzos y recursos con los gobiernos locales que hayan invertido, o planeen hacerlo, para la conformación de sistemas de videovigilancia a ser utilizados en espacios públicos y de alta circulación de personas, mercancías y vehículos.

Además, se establecerán estándares tecnológicos mínimos compartidos que permitan el máximo aprovechamiento de los registros realizados; se brindará asesoramiento técnico profesional a aquellas localidades que así lo requieran y se identificarán objetivos críticos (áreas de frontera, rutas interprovinciales, accesos a grandes áreas urbanas, puntos de concentración de tráfico de mercancías, etc.) cuya cobertura es prioritaria para una región o para todo el territorio provincial y cuya responsabilidad de control excede a la autoridad local.