El diputado provincial del PJ, Luis Daniel Rubeo, solicita información al Poder Ejecutivo sobre los motivos por el cual se limitó la concesión del servicio de pasajeros que prestaba la empresa La Tostadense – El Pulqui hacia los principales centros urbanos del Norte de la provincia.

“Con esta suspensión vuelve a quedar el servicio de transporte de gran parte del norte provincial en manos de una sola empresa”, remarcó Rubeo y agregó: “Muchos usuarios del transporte de pasajeros suspendido se han comunicado con nosotros y nos han expresaron que con este servicio habían ganado en calidad y confort, y lo más importante en seguridad. También afirmaron que si se sostiene esta medida el transporte de pasajeros habrá de retroceder varios años, a cuando existía un solo prestador”.

En tal sentido Rubeo concluyó: “El Estado provincial no puede seguir relegando al norte de nuestra provincia. Es necesario tomar las decisiones necesarias y enfrentar a quien sea necesario no sólo para sostener la calidad del servicio de transporte sino para que éste mejore año a año”.

¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTA SITUACIÓN?

El grupo La Tostadense-El Pulqui es una empresa dedicada hace más de 50 años al transporte de pasajeros en la zona norte de la provincia, especialmente uniendo la cuña boscosa con los principales centros poblados de la región.

Bastó que el gobierno provincial otorgara a la empresa el permiso que la habilita a explotar un servicio público e interurbano de transporte de pasajeros entre Avellaneda y Rosario para que la principal competencia integrante del mayor grupo aglutinador del servicio en el país declare una abierta guerra comercial.

Esta empresa interpuso recursos de nulidad contra el decreto que autoriza a La Tostadense a la prestación del servicio aludido. Simultáneamente, comenzaron una sistemática campaña de denuncias, con el único fin de amedrentar y quedarse monopólicamente una vez más con este mercado, que es nada más ni nada menos que un servicio público.

Las autoridades provinciales de transporte no resistieron la presión y por decreto Nº 4403/12, se hizo “lugar parcial a la petición de la empresa de transporte El Norte S.A”.

La empresa afectada interpuso los consabidos casos de revocatoria y nulidad que la severidad del caso requiere, hasta exigir un pronto despacho. En todas las oportunidades, sin obtener respuesta alguna. Convencidos que se trata de un acto administrativo arbitrario la misma acudió a la justicia solicitando la aplicación de un medida cautelar autónoma.

Sin contestar los requerimientos realizados en sede administrativa ni tampoco aguardar el dictamen de la justicia, las autoridades de transporte procedieron a ejercer el uso de la fuerza pública para impedir la prestación del servicio aludido.