Mientras el gobierno afila el lápiz para discutir las paritarias con un piso del 25% de aumento pedido por los gremio, el narcotráfico en Rosario sigue haciendo estragos, y la inseguridad endurece a la sociedad en el pedido de mano dura. Luz amarilla para la venidera campaña electoral.

«Son las villas de Argentina»; compendió con lacerante realismo un funcionario del gobierno provincial cuando le preguntamos qué está pasando en la barriada rosarina con bandas de traficantes y consumidores de drogas disputándose territorios a los tiros limpios, ante una policía pasiva y cuando no cómplice, según denuncian los vecinos.

El peronismo rosarino acompañado por referentes nacionales (a los que Binner acusó de «oportunistas») salió a cruzar duramente a la gestión socialista ante por el ataque que sufrieran militantes del Movimiento Evita de Rosario que fueron víctimas del accionar facineroso de estos sujetos. El martes 8 de enero, Mercedes Delgado, militante social del Centro Comunitario San Cayetano de Ludueña, resultó herida de bala en medio del intercambio de disparos entre bandas que se disputan el negocio del delito en el barrio. A las pocas horas murió. El jueves 10 de enero, Ariel y Carlos Ferreyra junto a Gastón Arregui, militantes del Movimiento Evita, fueron víctimas de la refriega de balas que partieron de los denominados «soldados» de las bandas que manejan el negocio narco en Nuevo Alberdi. Uno de ellos sigue hospitalizado con un cuadro muy complicado, reza un comunicado de la Corriente Nacional de la Militancia.

Desde diversos sectores peronistas de Rosario apuntan directa y recurrentemente a la policía «que les libera el territorio»; a la vez que señalan al poder político gobernante por haber dejado «barrios completos» librados a su suerte, en una especie de inquietante «mexicanización» (antes era Colombia) de la barriada rosarina.

Sería ingenuo no admitir que la droga circula también en los estratos sociales más altos de todas las ciudades, y que para llegar a ellos debe pasar por el circuito tremebundo de los «soldaditos», «dealers», complicidades policiales, distracción judicial, por que no protección política y, lo mas grave: cuanta mano de obra desahuciada ande por las villas de Rosario y de las principales ciudades de Argentina.

La Intendente de Rosario Mónica Fein contó que «el municipio tiene 11.500 trabajadores y 8 mil están en el área social, trabajando en la inclusión, en la salud, en la cultura y en la vivienda». El autoproclamado candidato a diputado nacional Osvaldo Salomón y su esposa la diputada provincial Miriam Cinalli piden mas trabajo social. Por lo visto no alcanza; el narcotráfico reparte más plata que cualquier bienintencionado programa oficial. La droga, sean cuales fueren sus variantes ya generó la cultura de andar con plata sin trabajar ni estudiar. Aunque en ello se le vaya la vida, que dicho de paso poco importa para quien el futuro es una sinonimia ficcional.

Decíamos cuando estalló el Caso Tognoli que nadie puede mirar para otro lado; naturalmente mucho menos la policía, pero, ¿qué pasa cuando en una población, por mas pequeña que sea, todos (el presidente de Comuna, la maestra, el verdulero el Juez de Paz) saben que «hay pibes que se fuman un porrito» y nadie hace nada?. Es la cínica impunidad del «no te metás» porque «esa gente es pesada». Terminarán como en las barriadas de las grandes ciudades.

El columnista rosarino Pablo Feldman habla certeramente en Rosario/12 de «los jueces, que insultan a los medios y periodistas en sus reuniones cerradas y después sonríen para las cámaras, están inmersos en una parsimonia exasperante. Expedientes -habría que cambiarles el nombre- durmiendo en los estantes de los juzgados y una creciente sensación de impunidad. No solo para los delincuentes reconocibles. La reticencia para labrar órdenes de allanamiento debilita la ya limitada acción policial. Y la demora en los procedimientos ayuda a que se escurran los peces chicos, ni hablar de los llamados peces gordos. A más de uno le han avisado: «Ojo que vamos para allá…»

El senador radical Lisandro Enrico autor de un proyecto de Ley que introduce reformas a la legislación procesal penal santafesina a los fines que «los jueces puedan aplicar en forma amplia la prisión preventiva y a muchos más casos y, además, disminuir el otorgamiento de las excarcelaciones y denegar el beneficio de la libertad bajo promesa o caucionada en caso que el imputado represente un peligro procesal, hizo notar que «el reclamo de la gente por mayor seguridad no es inflado ni es una sensación, por eso seguiremos pidiendo cambios en las leyes porque la sociedad quiere que se la proteja».

También en el Norte

Cuando el ciudadano votante (como suelen decir los norteamericanos) se hastían piden mano dura. Las sociedades no reaccionan con el patrón mental de los políticos que miden el costo político antes de emitir una opinión o encarar una acción. En este caso, no fue el caso del senador radical por General Obligado Orfilio «Chacho» Marcón que no midió las consecuencias de sus dichos.

Marcón reaccionó de manera crudamente destemplada acusando al diputado peronista rosarino Eduardo Toniolli, que había denunciado hacia un tiempo a la policía de la región por abuso de autoridad, de estar «ultrabandeado» con la defensa de los derechos humanos. Lo hizo después de una acalorada reunión con la Cámara de la Construcción de Reconquista que había revelado la agresión a tiros del domicilio de un empresario por parte de un miembro del gremio de la construcción – UOCRA – posteriormente detenido.

En realidad Marcón usó el sensibilizado marco de la agresión al empresario de la construcción para solidarizarse genérica y extemporáneamente con la fuerza policial, de la cual varios efectivos fueron acusados por un deleznable hecho de tortura en Florencia -una población santafesina de unos siete mil habitantes, al límite con el Chaco- contra tres jóvenes que denunciaron a la policía local que les arrancaron confesiones durante un interrogatorio bajo tortura y recibidas como buenas por el mismo juez (Pallud) que desde 2008 lleva acumuladas en su juzgado al menos una docena de denuncias por torturas contra la misma comisaría, sin haber resuelto ninguna.

Tuvo que ir a Reconquista apagar el fuego el Vicegobernador radical Jorge Henn, quien elípticamente le pidió a Marcón no hablar «para la tribuna», dejando, como corresponde, el caso UOCRA-empresarios en manos de la justicia.

El ahora senador norteño Orfilio Marcón, reelecto cuatro veces al frente de la intendencia de Avellaneda no hizo más que exteriorizar públicamente lo que su comunidad habla en las peluquerías.

En política suele llamarse «sincericidio». Pero los votos los junta Marcón