El peronismo llevó durante siete horas al Ministro de Seguridad al recinto de Diputados para sacarse todas las dudas en materia de seguridad. La propia Legislatura votó hace un par de años una transformadora reforma al Código Procesal Penal que suspicazmente tarda en entrar en vigencia. El Poder Ejecutivo anunció una “profunda” reestructuración de la policía. Mientras tanto, todo seguirá igual.

Cuando estalló el “caso Tognolli” finalizábamos nuestro escrito de entonces sugiriendo que el gobierno socialista (o del FPCyS si se le quiere dar más amplitud política) estaba ante la oportunidad histórica de cambiar la matriz policial en Santa Fe. “Y nadie debería sacar los pies del plato”, concluíamos.

El presidente de la Cámara de Diputados Luis Rubeo, prometiendo la más amplia y constructiva participación de su sector, anheló que sean “acertadas” las reformas “estructurales” que propuso el Poder Ejecutivo para darle una nueva impronta a la policía santafesina. Rubeo no sacó los pies del plato; “si al Ejecutivo le va bien, todos podremos estar mas seguros”, se esperanzó.

De todos modos, no basta con reformar los ejes orgánicos, administrativos y operativos del manejo policial; las causas sociales que llevan a que la ciudadanía presienta que está cada día un poco mas a merced del delito, sea organizado o por necesidad no solo persisten, sino que daría la impresión que se agrandan. “No pretendan que una persona que vive en una casilla de chapa dejada a la buena de Dios y despreciada por el resto de la sociedad y sin futuro sea un ángel”, acaba de pregonar dramáticamente el referente de la ONG santafesina Los Sin Techo.

El Poder Judicial y sus exasperantes tiempos – y mañas procesales – que terminan confabulando contra el Estado de Derecho, denegando justicia y dejando a ciudadanos comunes a merced del arbitrio caprichoso de funcionarios judiciales y de la propia policía.

Precisamente, fue una de las falencias que desnudó la interpelación al Ministro de Seguridad Raúl Lamberto (y que habría molestado a miembros del Superior Tribunal): la mayoría de las inquietudes legislativas sobre la situación de hechos y uniformados cuestionados están en los intrincados vericuetos judiciales desde hace años a la espera de resoluciones. Sin ir más lejos: la defensa de Hugo Tognoli aguarda impaciente que la justicia acabe de una buena vez con la investigación patrimonial de su defendido para pedir el definitivo sobreseimiento en la causa que primero lo imputó – sin éxito aparente – por connivencia con traficantes de drogas prohibidas, y ahora lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Lo mismo ocurre con el actual Jefe de Policía de la Provincia Cristian Sola, a quien un anónimo lo convirtió en sospechado de haber enriquecido su patrimonio por fuera del salario policial. Dicho sea de paso, durante la interpelación y ante el acoso de los diputados peronistas sobre los motivos que llevaron al Gobernador a confirmar a Sola al frente de la fuerza policial tras la renuncia de Tognoli, el Ministro Lamberto, más allá de invocar razones de derecho (el principio de inocencia y una investigación en curso) se escudó en una estricta decisión política basada en los méritos profesionales de Sola. Mas le vale a Lamberto que Sola pueda justificar sus bienes.

Lamberto, en medio de la extensísima interpelación, abogó por la imperiosa necesidad de poner en marcha cuanto antes el nuevo Código Procesal Penal,  herramienta que atenuaría la arbitrariedad policial y la seducción de caer en el delito. El Ministro mencionó la necesidad de que en todo procedimiento, por ejemplo en materia de drogas, esté presente un fiscal.

El Ministro de Seguridad de Bonfatti sorteó con abundante documentación las exageradas siete horas y media de interpelación de los diputados; “respondió todo lo que se preguntó, y si quedaron algunas dudas surgieron después”, explicó periodísticamente Luis Rubeo, quien no obstante señaló lo evidente: persiste la corrupción en algunos segmentos de la policía, (el propio Ministro de Seguridad informó que medio centenar de policías están siendo investigados administrativa y judicialmente); hay “cajas negras” -en virtud de lo anterior- y la gestión de Hermes Binner (de la cual el actual Gobernador Bonfatti era su mano derecha) hizo poco y nada para extirpar los problemas..

Tal como señalábamos hace un tiempo, Binner optó por continuar con el “statu qúo” de siempre: darle el manejo de la policía a la propia policía. Hasta que el tema le explotó a Bonfatti. Podría haberle estallado a Miguel Del Sel, quien estuvo a punto de gobernar la Provincia.

Con seguridad los cambios estructurales propuestos por Bonfatti y su elenco se enfrenten con severas resistencias dentro de la fuerza. Tienden a terminar con privilegios históricos y perversas prerrogativas enquistadas.

Bonfatti quiere terminar con el manejo a distancia (en una Provincia de mil kilómetros de largo por trescientos de ancho) supliéndolo por una “mayor ingerencia de los gobiernos locales (Lamberto esbozó en Diputados la idea a futuro de policías municipales) que son los que tiene que salir a cosechar votos, a fin de “optimizar la planificación territorial de los programas de seguridad”, con “responsables distritales de seguridad” y la “participación ciudadana”. Es muy probable que todo esto no le haga ninguna gracia a quienes no piensen en honrar el uniforme.

Lo antedicho fue enunciado por el Gobernador como “reorganización de la policía en unidades territoriales más pequeñas, que permitan un mayor control político de la fuerza; una mejor adaptación del trabajo policial a las problemáticas específicas del lugar; y un mayor control y participación por parte de las autoridades locales y de la comunidad”.

Las “cajas negras” aludidas por el Presidente de la Cámara de Diputados y enfatizadas en plena interpelación por el diputado (PJ) Héctor Acuña, vinculadas con prostíbulos, trata de blancas, desarmaderos, maquinitas tragamonedas, obviamente tráfico y consumo de drogas, no podrían susbsistir en las poblaciones, grandes y chicas, no sólo sin la complicidad policíaca, tampoco sin la vista gorda de autoridades políticas que prefieren – tal como el peronismo acusa al socialismo por el tema del narcotráfico – disparar las culpas hacia mas arriba.

Los diputados del peronismo se dieron el gusto de recriminarle al Ministro de Seguridad todo lo que creían conveniente y oportuno. Ahora el Poder Ejecutivo les propone el inmenso desafío de encarar juntos la reforma policial (habrá que modificar leyes) y apurar la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal. Dos pasos para encarar el delito. El tercero es imponente: la situación sociológica (fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos), como solía decir un ex Presidente, de “los niños pobres que tienen hambre y los niños ricos que tienen tristeza”.