El juez comunitario de Pozo Borrado, Omar Morand, ordenó la semana pasada el desalojo de tres familias de un establecimiento rural erigido en tierras fiscales del distrito San Bernardo, en el departamento 9 de Julio. La medida, que finalizó con el incendio de las casas de adobe donde vivían tres familias, se suma a la problemática de la tenencia de la tierra que recrudeció en los últimos meses en el norte provincial.
Según fuentes del lugar, el dueño del inmueble habría acordado con el “intruso” un plazo de dos años para que abandone el lugar. Éste, luego habría desistido de lo pactado argumentando que la permanencia de casi 50 años le daba derechos de propiedad sobre el predio.
La contramarcha abrió paso a la ejecución de la medida judicial, que fue llevada a cabo en la mañana del miércoles 10 de octubre, cuando el magistrado ordenó la presencia de las fuerzas policiales.
Los uniformados que acompañaron al funcionario del Juzgado llegaron junto con un camión, para que el desalojado pueda cargar sus pertenencias.
Una vez devueltas las tierras, su antiguo morador denunció que fueron quemadas las instalaciones de adobe que allí habían construido para las familias que ocupaban el campo que está ubicado entre la ruta Nº 77 y la interdepartamental Nº 13, al límite con el departamento Vera.
Proyecto
Por los hechos acaecidos la mesa ejecutiva provincial del partido Coalición Cívica ARI distrito Santa Fe expresó hoy a través de su presidente, el diputado provincial Ariel Bermúdez, su gran preocupación ante los violentos desalojos de familias que viven y producen hace más de 50 años en tierras fiscales y por el aumento de estos casos en el norte santafesino.
En este sentido, el diputado provincial exigió el tratamiento y la aprobación de la ley que busca frenar los desalojos rurales, presentada por la legisladora y presidente del bloque de la CC-ARI, Susana García. Bermúdez instó al Estado provincial a tomar cartas en el asunto ante el número creciente de casos en los que las fuerzas policiales han respondido con brutales expulsiones e incluso, con quema de viviendas.
“Apoyamos a la diputada Susana García en su demanda al ejecutivo de que no ignore lo que está pasando. Los desalojos implican el socavo de derechos humanos, la instalación del miedo y la violencia en la provincia. Es por eso que, junto a Susana García, pedimos el tratamiento de esta ley para garantizar el acceso a la tierra como condición ineludible para el goce de otros derechos fundamentales”, concluyó el legislador.
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