A dos semanas de aprobado el aumento de impuestos, el gobierno provincial remitió el dinero destinado a una actualización salarial. Pero al día siguiente, la Cámara Alta lo reasignó para la distribución discrecional de subsidios. El decreto lleva la firma del hombre fuerte de la administración socialista, Rubén Galassi

El 3 de octubre pasado, 20 días después de aprobada la reforma tributaria, el vicegobernador Jorge Henn (a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Antonio Bonfatti a EEUU), firmó el Decreto 2728, con el refrendo del Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi.

Por esa norma, el Ejecutivo dispone una modificación en el Presupuesto provincial (utilizando los tan denostados \»superpoderes\»), para ampliar en 2,8 millones de pesos las partidas de la Cámara de Senadores de la provincia, presuntamente para atender los mayores gastos en “Personal” derivados de la política salarial pactada por ambas Cámaras legislativas para sus agentes, comprendidos en la ley 10.023.

Al menos eso es lo que dicen los considerandos del decreto firmado por Henn, que incluso menciona expresamente los Decretos 0039/12 de la Presidencia de la Cámara de Senadores, y 0034/12 de su similar de Diputados, que aprobaron la nueva política salarial.

El pedido de ampliación de partidas en “Personal” de la Cámara de Senadores ingresó al Ministerio de Economía el 27 de septiembre y dio origen al expediente N° 00301-0064329-2, que luego terminaría con el decreto de Henn.

Este decisorio presupone (en ausencia del gobernador) una clara definición política, porque los fondos fueron detraídos de \»Obligaciones a Cargo del Tesoro\», que es el apartado del presupuesto en el cual el Ejecutivo reserva partidas para hacer frente a las contingencias que se pueden presentar en el transcurso del año, y por las que una jurisdicción o área de gobierno agota la disponibilidad de las partidas originales que se le asignaron.

Sin embargo, el destino final de las partidas sería distinto: apenas un día después de la firma de Henn (el 4 de octubre), y por el Decreto 0133/12 del Presidente Provisional del Senado (el vicegobernador seguía a cargo del Ejecutivo, porque Bonfatti regresaría de su viaje el fin de semana siguiente), los 2,8 millones que recibió la Cámara del Ejecutivo fueron transferidos a la partida de subsidios que asignan los legisladores, y no para pagar los sueldos del personal, como se había pedido originalmente.

En efecto, según consta en las planillas anexas al Decreto 0133/12, al que tuvo acceso Redacción Santa Fe, los fondos fueron eliminados de la partida clasificada como 1.1.1.0 (Personal. Retribución del cargo) para ir a reforzar la partida 5.1.4.99: \»Ayuda Social a Personas Varias\», según el clasificador de gastos de la provincia.

Y para que no queden dudas de que ése sería el destino final de las partidas originariamente pedidas para pagar sueldos del personal, el 11 de octubre fue autorizado por la Contaduría General de la provincia un pedido de transferencia de fondos del Senado por 2,8 millones para becas y subsidios, según lo ordenado por otro decreto del Presidente provisional (Alberto Crosetti, senador del PJ por el departamento Belgrano); en éste caso el 0134/12, es decir el inmediatamente posterior a aquel del mismo legislador justicialista por el cual se cambiaba el destino de las partidas.

El relato de los hechos revela además una ingeniería de precisión para consumar los aspectos centrales de la maniobra (el decreto del Ejecutivo que asigna los fondos adicionales, y los dos del Senado que los terminan destinando a subsidios) mientras el gobernador Bonfatti no estuviera en el país, para despegarlo de la maniobra. Claro que el refrendo del ministro Galassi (además de necesario en términos constitucionales) habla a las claras de que todo lo actuado tenía la total anuencia del titular del Ejecutivo, y no respondía a un capricho del vicegobernador, circunstancialmente a cargo del principal despacho de la Casa Gris.

En este contexto, vale recordar la nota escrita por el periodista Luis Rodrigo en el diario El Litoral (3 de octubre) en donde se señala que “cada uno de los senadores santafesinos dispone de algo más de medio millón de pesos destinados a otorgar beneficios en forma de subsidios a entidades de bien público o personas que requieran de ayudas especiales”.

En el mismo artículo, también se menciona como antecedente lo ocurrido en “abril de 2010,  cuando el ex  senador Héctor Aquino (UCR-Constitución) fue el protagonista de un escándalo memorable que puso en el tapete otra vez el tema”.

“El ex legislador otorgó los 20.000 pesos de subsidios directamente a sus colaboradores en la Cámara (sus asesores)”, recordó el periodista.

Por Maximiliano Ahumada