Encuentro por los Derechos Humanos dio por finalizada la campaña donde 5.500 firmas y 35 entidades acompañaron el mensaje de «Paren de fumigarnos». Solicitan al Senado la modificación de la Ley 11.273.

Con una última jornada de recolección de adhesiones, el espacio Encuentro por los Derechos Humanos dio por finalizada la campaña de junta de firmas para solicitar al Senado de la provincia la modificación de la Ley 11.273 más conocida como «ley de fitosanitarios».

Completada la labor, sus integrantes informaron que «fueron 5.500 las personas en Reconquista y zona que demostraron gran preocupación por la exposición a los agrotóxicos, además de solidaridad con las personas fumigadas cotidianamente en áreas actualmente no protegidas por la ley».

En el mismo sentido solidario, se expresaron 35 instituciones de la región, entre ellas funcionarios del Estado, sindicatos, iglesias y organizaciones campesinas. Los firmantes solicitaron que se prohíba aplicar agroquímicos a menos de 800 metros de las áreas pobladas.

La actividad de cierre se llevó a cabo ayer en la plaza 25 de Mayo, de Reconquista, y en las ferias de pequeños productores de esta ciudad y Avellaneda. Las 5.500 firmas de Reconquista y zona, junto con las de decenas de miles de vecinos y de un centenar de instituciones de todo el territorio santafesino, serán entregadas a los senadores esta semana, en el marco de la campaña provincial Paren de Fumigarnos.

Sin embargo, cabe destacar que mientras los vecinos e instituciones manifiestan de esta manera su preocupación por el tema, los miembros del Concejo Municipal local «dilatan el tratamiento de la ordenanza por la línea agronómica. Y lo mismo hace el senador Orfilio Marcón, a quien desde el Encuentro por los Derechos Humanos le fue entregado un informe que da cuenta de las mejoras en la salud de la población tras la prohibición de las fumigaciones a 800 metros de la planta urbana en San Jorge».

Le solicitaron audiencias para que se expida sobre el tema y para debatir esta problemática sin haber obtenido, hasta ahora, respuestas, y sin que el tema se haya reflejado en su agenda, lamentaron.

Puntos vitales

En ese plano, aseguraron que de no tratarse este año, el proyecto de modificación de la ley 11.273 presentado por el ex senador Juan Carlos Zabalza perdería estado parlamentario. Por ello, los 5.500 firmantes de Reconquista y zona, además de los del resto de la provincia, «exigimos a los legisladores de la provincia de Santa Fe el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley 11.273/95 que regula el uso y control de agrotóxicos en todo el territorio provincial».

Para tal fin, reclamaron la incorporación de dos puntos de vital importancia: la prohibición de las fumigaciones aéreas en la provincia y el establecimiento de áreas de resguardo para las aplicaciones terrestres según lo dispuesto en el «Fallo de San Jorge» (800 metros libres de agrotóxicos alrededor de las poblaciones) junto a la prohibición del uso de los mismos en transporte y almacenamiento de granos dentro de los ejidos urbanos.

Ambas fueron consideradas en el documento al que adhirieron los firmantes como «medidas mínimas e indispensables para una protección real y concreta de la salud y el ambiente», por lo que «consideramos -dijeron desde la organización social- que no debe pasar el actual período legislativo sin que se apruebe una ley que proteja a todos los santafesinos».

Avances

Asimismo, los miembros activos del Encuentro por los Derechos Humanos indicaron que con esta campaña se avanzó en el objetivo de concientización de la población acerca del problema de las fumigaciones.

Es notable el crecimiento logrado en ese aspecto en los últimos años, y lo demuestran la respuesta, la información y el compromiso de los vecinos, subrayaron desde la corriente, en tanto se destacó que el avance fue notorio porque «cada una de las 5.500 firmas significó hablar del tema, profundizar, debatir sobre este modelo que se nos impone y repercute en nuestra economía y principalmente a nuestra salud y medio de vida».

Para Magui Faure de Carpentier, Eliana Ibarra, Matías Ruiz Díaz Yoris, responsables de prensa de la movida, otro dato a tener en cuenta fue «el grado de acompañamiento entre los sectores más jóvenes, que se comprometieron masivamente, lo mismo que los padres y madres, manifiestamente preocupados por el futuro de sus hijos».

Por el contrario, coincidieron en señalar que «aquellos pocos que se negaron a firmar manifestaron tener restricciones por intereses directos relacionados con el negocio: o ser familiares de fumigadores, o de productores. Sin embargo, se cuentan entre los firmantes algunos productores y fumigadores que dijeron ver con buenos ojos el control y los límites a su actividad por parte del Estado».

Vale decir que en la campaña también se movilizaron las organizaciones territoriales y campesinas y familias de pequeños productores que viven con su propia cultura de producción y economía familiar, que son amenazadas en su existencia misma por este modelo agroindustrial.

Por último, pidieron valorar que las actividades de concientización realizadas desde el Encuentro por los Derechos Humanos, la actividad constante de reclamo a las autoridades, la realización del I Encuentro de Pueblos Fumigados realizada en mayo con la presencia de personas de todo el norte y de provincias vecinas, «son muestras de cómo la ciudadanía y los afectados por este modelo nos organizamos, nos movilizamos y crecemos».